Sindicatos de Chuquicamata adeudan más de US$19 millones por préstamos impagos desde 1999.
Una millonaria e histórica deuda mantiene en jaque la relación entre la minera estatal Codelco y las organizaciones sindicales de la División Chuquicamata. Según antecedentes oficiales remitidos por la corporación a la Cámara de Diputados, cuatro sindicatos de dicha faena adeudan cerca de US$19,2 millones a la empresa, correspondientes a créditos otorgados entre mayo de 1999 y el año 2025.
El informe, elaborado en respuesta a un requerimiento parlamentario destinado a fiscalizar los mecanismos de financiamiento y beneficios entregados a gremios trabajadores, expone un panorama crítico: de un total de US$22,6 millones prestados a las organizaciones de Chuquicamata en dicho periodo, solo se ha restituido cerca del 15%, dejando en evidencia un grave nivel de morosidad.

Radiografía a nivel corporativo.
Si bien Chuquicamata concentra el grueso del saldo pendiente, la práctica abarca a otras divisiones de la minera estatal:
●A nivel corporativo total: Codelco registra operaciones de crédito a sindicatos por US$24,9 millones, con un saldo pendiente total de US$20,1 millones (un 81% del monto original sin saldar).
●División Chuquicamata: Encabeza la morosidad con US$19,2 millones pendientes de pago.
●División Andina: Dos sindicatos acumulan una deuda de US$611.437, derivada de préstamos concedidos entre mayo de 1991 y abril de 2008 por un total inicial de US$1,8 millones.
Exigencia de transparencia y dudas parlamentarias
En la documentación remitida al Congreso Nacional, la mesa directiva de la principal productora de cobre del mundo enfatizó la urgente necesidad de implementar mecanismos de control que aseguren mayor transparencia, trazabilidad y fiscalización sobre los recursos desembolsados hacia las dirigencias sindicales y gremiales.
El desglose de los datos ha encendido el debate político y parlamentario, abriendo severos cuestionamientos sobre las condiciones bajo las cuales se otorgaron estos millonarios créditos a lo largo de más de dos décadas, la eventual falta de garantías exigidas en su momento y la efectividad de las gestiones de cobro realizadas por Codelco para recuperar fondos que pertenecen a todos los chilenos.