Un duro emplazamiento al Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó el diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya , luego de que un nuevo fallo hidráulico afectara las instalaciones del laboratorio del Hospital Regional de Antofagasta. El parlamentario advirtió que estos episodios no solo generan daños materiales, sino que impactan de manera directa en el funcionamiento de las Unidades de Urgencia y retrasan la entrega de exámenes clave para los pacientes.
Frente a la gravedad de los hechos, Araya instó a las autoridades a tomar decisiones drásticas respecto a la permanencia de la empresa concesionaria SACYR a cargo de la infraestructura hospitalaria, asegurando que la salud de los habitantes de la zona "no es un juego".
"¿Hasta cuándo tenemos que esperar para que el Ministerio de Obras Públicas tome la decisión de ponerle término a la concesión que tiene SACYR? Esta situación va a tener impacto en la urgencia, en los tiempos de resolución de los exámenes y, finalmente, en las personas que están esperando saber qué es lo que tienen", sostuvo el legislador.
Fiscalización e Inspección Técnica bajo la lupa
Junto con exigir la caducidad del contrato, el parlamentario puso el foco en los mecanismos de control estatal y cuestionó la efectividad de la fiscalización realizada hasta la fecha. En ese sentido, pidió transparentar el detalle de las sanciones económicas aplicadas y la labor desempeñada por los organismos supervisores del contrato.
"Este episodio lo hemos vivido reiteradamente. Entonces, corresponde preguntarse: ¿cuántas multas se han cursado?, ¿qué ha hecho el inspector técnico de este contrato?, ¿qué medidas concretas se han adoptado para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria?", cuestionó Araya.
Finalmente, el diputado hizo un llamado al Gobierno a asumir la responsabilidad política y administrativa de resolver una problemática persistente, instando al MOP a actuar con firmeza frente a la empresa privada.
"Le pido al Ministerio de Obras Públicas que se ponga la mano en el corazón. Algo que la anterior administración no se atrevió a hacer es una responsabilidad que este Gobierno tiene que asumir. El MOP tiene que actuar, fiscalizar, exigir responsabilidades y, si corresponde, poner término a esta concesión. Antofagasta no puede seguir pagando las consecuencias", concluyó.
