El tribunal descartó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, que acusaba un consumo previo de alcohol y el incumplimiento deliberado de instalar mallas de seguridad. La resolución desató la indignación de la familia materna: "Tenía una sola tarea: cuidarla".
La justicia entregó una resolución que promete encender un profundo debate sobre la responsabilidad parental en Chile. Jorge Constanzo Chávez, el padre de la pequeña Isidora (de 2 años y 7 meses) que falleció tras caer desde el piso 11 de un edificio en Las Condes, quedó en libertad bajo las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. El tribunal rechazó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, determinando que los hechos configuran provisionalmente un cuasidelito de homicidio y no un homicidio por omisión, permitiendo que el imputado enfrente el proceso fuera de la cárcel.
La decisión del 4° Juzgado de Garantía de Santiago cayó como un balde de agua fría para la Fiscalía Metropolitana Oriente. El ente persecutor pretendía dejar tras las rejas a Constanzo, argumentando que su conducta iba mucho más allá de un descuido fortuito. Según los antecedentes expuestos, la tragedia ocurrió a las 17:00 horas del domingo, durante un régimen de visitas. Mientras la menor dormía en una habitación cuya ventana colindaba con la cama y carecía por completo de mallas de protección, el padre y su pareja dormían en otra pieza del departamento.
"La acción del imputado era mucho más que una negligencia, no era un descuido cualquiera", fustigó el fiscal Jorge Reyes durante la audiencia de formalización.
Alcohol, promesas rotas y una ventana al vacío
El escenario que describió la Fiscalía para sostener la tesis de una "omisión dolosa" es complejo. La investigación reveló que Constanzo había salido de fiesta la madrugada anterior, regresando a su hogar cerca de las 05:00 AM, y que volvió a consumir alcohol durante un almuerzo familiar antes de quedarse dormido. A la espera del resultado de la alcoholemia, este factor fue clave para argumentar que el imputado se inhabilitó conscientemente para ejercer su rol de garante.
Para peor, la Fiscalía destapó un brutal antecedente proveniente de los tribunales de Familia: el padre se había comprometido previamente a instalar mallas de seguridad en el inmueble. Sin embargo, el imputado solo las colocó en las áreas comunes del departamento, dejando desprotegida precisamente la habitación donde pernoctaba la menor.
"Un acto negligente"
La resolución judicial provocó el quiebre inmediato de la familia materna de Isidora, quienes exigen que el caso no quede impune. Gloria Ortiz, madre de la víctima, apuntó directamente contra su expareja tras la audiencia: "Fue un acto negligente de un padre que estaba al cuidado de una menor y que no tomó el resguardo necesario para protegerle la vida".
El tribunal decretó un plazo de 120 días para la investigación, periodo en el cual la Fiscalía intentará recopilar las pruebas científicas y testimoniales necesarias para revertir la calificación jurídica y buscar una pena de cárcel efectiva para el negligente cuidado que terminó con la vida de Isidora.
