"Es un fallo que le falla a la ciudadanía"
ANTOFAGASTA – El abogado querellante en representación de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Toloza, manifestó su profundo rechazo a la reciente resolución del juez Patricio Álvarez, quien determinó la libertad de los imputados en la arista ProCultura del denominado "Caso Convenios". Toloza calificó el fallo como un retroceso que debilita la persecución de delitos de corrupción y erosiona la confianza pública en las instituciones judiciales.
Críticas al criterio judicial
Para el jurista, la decisión del tribunal ignora la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Según Toloza, existen antecedentes suficientes para acreditar tanto los delitos como la participación directa de los involucrados, incluido el director de la fundación, Alberto Larraín.
"Este es un fallo judicial que le falla a la ciudadanía. Es una injusticia que la gente siente y que erosiona la confianza en la justicia. Contiene errores garrafales porque se minimizan antecedentes relevantes y se fragmentan hechos", afirmó el abogado.
La controversia por la calidad de "Funcionario Público"
Uno de los puntos de mayor fricción radica en que el tribunal descartó la categoría de funcionario público para Larraín por tratarse de una corporación privada. Toloza fue enfático en señalar que este argumento desconoce la normativa vigente:
Control de Contraloría: La corporación estaba bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República.
Jurisprudencia y Convenios: El abogado recordó que el fraude al Fisco y la corrupción están regulados no solo por el Código Penal chileno, sino por tratados internacionales como la Convención de la OEA.
El uso de fondos públicos en Fondos Mutuos
Toloza también calificó como "insólito" que el juez tratara como un simple "error administrativo" el hecho de que ProCultura invirtiera fondos públicos en instrumentos financieros. Según los antecedentes del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la fundación habría obtenido ganancias superiores a los 200 millones de pesos mediante estas inversiones ilícitas.
Contradicción de criterios
Finalmente, el querellante recordó que los mismos antecedentes que el juez Álvarez desestimó fueron los que la jueza Carla Capello consideró suficientes para emanar las órdenes de detención iniciales. "Los presupuestos del delito y la participación estaban claros; estamos ante una contradicción de criterios que afecta gravemente la investigación", concluyó.
