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MÁS QUE UN METRO FALTAN ESCUELAS

Crisis educativa en Antofagasta: 6 de cada 10 colegios están colapsados por sobredemanda de cupos.

 |  EnfoqueNacional  |  Actualidad

ANTOFAGASTA. Un complejo escenario enfrenta la Región de Antofagasta de cara al inicio del año escolar. Según un análisis elaborado a partir de datos abiertos del Ministerio de Educación (Mineduc), la zona encabeza el listado nacional de sobredemanda por cupos escolares: un 59% de sus establecimientos educacionales recibió más postulaciones que vacantes disponibles en al menos uno de sus niveles durante el proceso del Sistema de Admisión Escolar (SAE) para 2026.

​La cifra ubica a Antofagasta 24 puntos porcentuales por encima del promedio nacional (35%), superando además a regiones como Tarapacá (57%) y la Metropolitana (47%). En la práctica, cerca de tres de cada cinco recintos de la zona no cuentan con la capacidad para absorber la demanda de las familias.

Matrícula al alza y oferta estancada

​El origen de este cuello de botella responde a un descalce estructural que se ha profundizado con los años. Entre 2004 y 2025, la matrícula total en la Región de Antofagasta pasó de 129.351 a 131.981 alumnos. Sin embargo, este crecimiento en la población estudiantil no fue acompañado por un incremento en la red de infraestructura.

​De hecho, la construcción de nuevos establecimientos públicos en la comuna capital se encuentra prácticamente paralizada desde la administración municipal de Marcela Hernando, cuando se levantó la última escuela financiada para la ciudad. Desde entonces, la oferta de recintos se ha mantenido sin variaciones sustanciales.

El debate por las prioridades presupuestarias

​El colapso en las postulación reabre la discusión pública sobre el destino y la focalización de los fondos estatales y regionales. Sectores de la comunidad local apuntan a la necesidad urgente de redirigir los presupuestos de inversión —frecuentemente orientados a iniciativas de otra índole— prioritariamente hacia la construcción de nuevos liceos y escuelas.

​La demanda ciudadana apunta a que el Estado garantice la infraestructura básica antes de financiar proyectos secundarios, asegurando así un derecho fundamental: que ningún niño, niña o joven de la región se quede sin una matrícula para estudiar.

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