"La proliferación de asentamientos irregulares en Antofagasta ha dejado de ser un fenómeno meramente habitacional para convertirse en un síntoma crítico de la erosión del Estado de Derecho. Cuando la pasividad administrativa reemplaza a la aplicación de la ley, el territorio queda a merced del caos. En esta columna, Alfredo Verástegui Bustamante político y diplomado en políticas públicas analiza por qué la intervención temprana no es solo una facultad política, sino un deber moral para evitar que la ilegalidad se consolide a costa de la seguridad de todos."
Lo que ocurre con las tomas en Antofagasta dejó hace tiempo de ser solo un problema habitacional, es ante todo, un problema de ilegalidad, de ausencia de autoridad y de riesgo para la vida humana.
Las cosas hay que decirlas de frente y sin temor, las tomas son ocupaciones irregulares y frente a esto el estado no puede actuar con pasividad ni resignación.
Cuando estas ocupaciones comienzan cuando aún son incipientes es precisamente en ese momento cuando corresponde actuar.
Porque cuando la autoridad omite su deber, cuando se tolera el avance y se permite que esta se consolide el problema deja de ser controlable.
Las tomas deben enfrentarse desde su origen no cuando ya se transforman en conflictos masivos.
Porque cuando una ocupación irregular crece y se convierte en un asentamiento consolidado no solo aumenta la dificultad de intervenir, también se instala una señal profundamente equivocada que la ley puede ser vulnerada y que frente a los hechos consumados terminan imponiéndose sobre el estado de derecho.
Pero en Antofagasta existe además, algo aún más grave.
Muchas de estas construcciones se levantan en cerros desprotegidos, en zonas de alto riesgo en condiciones precarias y en territorios donde un deslizamiento, un derrumbe o una emergencia pueden desencadenar una tragedia de gran magnitud
Existe una línea muy delgada entre tolerar la ocupación ilegal y terminar lamentando pérdidas humanas que pueden evitarse, por eso aquí no basta con diagnósticos ni con discursos, se requiere decisión política, aplicación de la ley y una señal clara de que el territorio se ordena y se resguarda.
Actuar a tiempo no es solo ejercer autoridad es prevenir. Antofagasta no puede esperar a que ocurra una tragedia para entender que el problema nunca fue solo la ilegalidad, sino también el riesgo que durante demasiado tiempo se decidió ignorar.
A poco mas de un mes de instalado el nuevo gobierno, tiene una gran tarea por delante, recuperar la seguridad de las personas y esto involucra el ordenamiento demográfico de la región, pero lo mas relevante es cumplir lo que tanto se prometió.
