En una votación unánime, el Senado dio luz verde a un robusto proyecto de ley que busca frenar el millonario déficit en el transporte público. La normativa no solo endurece las multas, sino que introduce sanciones civiles inéditas para quienes no paguen su pasaje, incluyendo la imposibilidad de renovar documentos críticos y el bloqueo de beneficios del Estado.
Puntos clave de la nueva normativa
El proyecto, que ahora pasa a su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, se sostiene sobre tres pilares fundamentales para garantizar el cumplimiento del pago y la seguridad en el sistema:
Sanciones Civiles y Administrativas: Los evasores que ingresen al registro oficial se enfrentarán a la suspensión de la licencia de conducir y del permiso de circulación. Además, se restringirá el acceso a diversos beneficios otorgados por el Estado.
Fin de los incentivos al pago atrasado: Se elimina la rebaja del 50% por pago anticipado de la multa. No obstante, se crea la figura de la "tarifa recargada": un pago inmediato que permite al infractor regularizar su situación en el momento y evitar el ingreso al Registro de Pasajeros Infractores.
Protección al personal: Ante el aumento de agresiones, la ley endurece las penas contra quienes ataquen a inspectores municipales o conductores. Cualquier lesión elevará automáticamente la pena del agresor en un grado, equiparando su protección a la que ya poseen funcionarios de Metro y EFE.Un golpe al déficit Fiscal según el Ministro de Transportes, Louis De Grange, la evasión representa una fuga de entre US$150 y US$200 millones anuales para las arcas fiscales.
"Este es un paso fundamental para la sostenibilidad del sistema. Bajo la gestión del Presidente José Antonio Kast, nuestra misión es hacer un uso eficiente de los recursos y devolver la seguridad tanto a los pasajeros como a los trabajadores que fiscalizan día a día", señaló el secretario de Estado tras la sesión.
Nuevas exigencias para operadores y tarjetas
El Senado también introdujo modificaciones para cerrar brechas de mal uso en el sistema. Se aprobó la eliminación de beneficios tarifarios (como la TAM y TNE) para quienes sean sorprendidos utilizando tarjetas ajenas de forma fraudulenta.
Asimismo, se establece la obligatoriedad para que los operadores de buses, Metro y EFE presenten y ejecuten un plan de fiscalización trimestral, asegurando que el control de la evasión no sea solo una responsabilidad estatal, sino también de las empresas prestadoras del servicio.
