La actual administración de la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Antofagasta, bajo la conducción de la delegada presidencial Katherine López, dio un golpe de timón al resolver la invalidez de una etapa crucial en la licitación para la adquisición de un sistema de cámaras de televigilancia con inteligencia artificial. La iniciativa, destinada a las comunas de Antofagasta, Calama y Tocopilla, cuenta con un financiamiento del Consejo Regional que supera los $11 mil millones.
A través de la resolución N°422 firmada el pasado 11 de junio, la gestión de López dejó sin efecto la evaluación técnica que sustentaba la adjudicación a la empresa Ingbell SpA por un monto total de $11.324 millones, ordenando de paso la creación de una nueva comisión que reasuma el análisis de las propuestas desde cero. Según el documento oficial, la medida busca proteger la probidad administrativa y asegurar el cumplimiento irrestricto de las bases concursales.
Una evaluación express bajo la lupa
El núcleo de los cuestionamientos apunta directamente al polémico actuar de la comisión evaluadora saliente. De acuerdo con los antecedentes del caso, las bases de la licitación otorgaban un plazo holgado de hasta dos meses para realizar un análisis riguroso y exhaustivo de la tecnología ofrecida. Sin embargo, la adjudicación se zanjó en un tiempo récord de solo cinco jornadas de trabajo.
Esta inusual rapidez no pasó desapercibida: los cinco días de evaluación coincidieron exactamente con la última semana previa al cambio de mando gubernamental, justo en los días previos a que la ex delegada Karen Behrens dejara su cargo en la DPR, gatillando las alarmas que hoy fundamentan el freno total del proceso.
