Con el objetivo de establecer un piso mínimo de protección y evitar retrocesos en conquistas sociales y laborales, el diputado Jaime Araya, junto a la Bancada de Diputados del PPD e Independientes, ingresó un proyecto de Reforma Constitucional. La iniciativa propone un régimen de "invariabilidad normativa" por un plazo de 10 años para asegurar la continuidad y las condiciones de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la jornada laboral de 40 horas y el actual sistema de indemnizaciones por años de servicio.
El proyecto surge como una respuesta política y legislativa directa a las medidas de invariabilidad tributaria que el Ejecutivo liderado por el Presidente José Antonio Kast contempla para los grandes proyectos de inversión dentro de su "mega reforma" económica. El argumento de los parlamentarios es que, si se puede garantizar estabilidad a los inversionistas, el Estado debe garantizar la misma estabilidad a los derechos del mundo trabajador y de los adultos mayores.
Los tres pilares del blindaje sociolaboral
La reforma constitucional establece prohibiciones explícitas para modificar a la baja los siguientes aspectos durante la próxima década:
Pensión Garantizada Universal (PGU): Queda estrictamente prohibido rebajar los beneficios actuales o futuros, disminuir el financiamiento público destinado a este fin o elevar los requisitos de edad o tramos de vulnerabilidad para acceder a ella.
Indemnizaciones por años de servicio: Se prohíbe por ley reducir el monto o las condiciones del sistema vigente (un mes de sueldo por año de servicio, con el tope actual de 11 años).
Jornada de 40 Horas: Se bloquea cualquier intento legislativo que busque aumentar la jornada laboral ordinaria por sobre los límites que ya fueron fijados y aprobados por ley.
Alerta por el rumbo de la política fiscal
El diputado Araya y los firmantes de la moción justifican la urgencia de este blindaje debido al complejo escenario presupuestario actual. De acuerdo con los informes técnicos que acompañan el proyecto, la dirección económica de la actual administración despierta profundas alertas en la oposición:
El impacto en cifras: Los cálculos técnicos advierten que los recortes presupuestarios en marcha amenazan la continuidad de cerca de 260 programas sociales. Asimismo, la propuesta gubernamental de reducir el impuesto corporativo al 23% y retornar a un sistema tributario completamente integrado significaría una merma fiscal estimada en US$4.500 millones anuales, poniendo en riesgo el financiamiento permanente de la PGU.
¿Cómo funcionará el resguardo a largo plazo?
De ser aprobada por el Congreso, esta reforma constitucional entrará en vigencia de forma inmediata, activando el candado de 10 años.
Una vez cumplido ese periodo inicial, el proyecto introduce una segunda barrera de protección: un quórum calificado de resguardo. Esto significa que cualquier modificación posterior que intente limitar, disminuir o restringir las condiciones de la PGU, las indemnizaciones o la jornada laboral requerirá del voto favorable de, al menos, cuatro séptimos (4/7) de los diputados y senadores en ejercicio.
