Cronología de una adjudicación "exprés"
De acuerdo con los registros del portal Mercado Público, la decisión se tomó el viernes 9 de marzo a las 17:11 horas, en pleno proceso de retirada de las autoridades salientes. El proyecto, considerado el más ambicioso de Chile en su tipo, contempla la instalación de 1.245 cámaras de alta definición, 15 pórticos lectores de patentes y 3 centrales de monitoreo , aprobado por el gobierno regional liderado por Ricardo Díaz Gobernador de la Región de Antofagasta.
Sin embargo, el proceso ha sido impugnado ante la Contraloría General de la República por la empresa Sistesa S.A., acusando una "manifiesta ilegalidad" en la evaluación de las ofertas.
De "No Cumple" a Ganador: El misterioso cambio de puntaje
La polémica radica en la evaluación técnica. Según la denuncia, la propia comisión evaluadora calificó inicialmente los proyectos previos de Ingbell SpA como insuficientes, marcándolos con un "No Cumple".
No obstante, en el cuadro de resumen final, la empresa apareció con el puntaje máximo (100 puntos). Este repentino cambio permitió que Ingbell superara a competidores con décadas de trayectoria, como la propia Sistesa o Entel S.A. (esta última, insólitamente, recibió 0 puntos en experiencia de fibra óptica).
"El ingeniero tocó la puerta de la DPR el 10 de marzo y le dijeron que estaba cerrado por el cambio de mando. Pero esa misma tarde, estando cerrada, emitieron una resolución corrigiendo el 'No Cumple' por un 'Cumple' sin más fundamento", denunció Ladislao Revesz, gerente general de Sistesa.
¿Quién es Ingbell Chile SpA?
Uno de los puntos más críticos es la naturaleza de la empresa beneficiada. Mientras el proyecto exige una altísima complejidad en seguridad pública, una revisión de los contratos y el sitio web de Ingbell Chile SpA revela que su giro principal es la instalación de internet domiciliario y la gestión de recaudación de pagos, no la implementación de redes de televigilancia crítica para el combate del crimen organizado.
Un contraste ético y económico
Desde el sector privado comparan la magnitud de este caso con otros escándalos de recursos públicos. "El caso de las fundaciones fue por 400 millones; esta licitación es 10 veces más", señalan los recurrentes, quienes exigen que el Gobierno Regional, como financista del proyecto, tome cartas en el asunto ante lo que califican como un "despropósito administrativo".
La Contraloría deberá determinar ahora si la adjudicación de última hora de la gestión de Behrens se ajustó a derecho o si se trata de un nuevo caso de irregularidades en el uso de fondos destinados a la seguridad ciudadana.
