"La confianza en las instituciones regionales no se decreta; se defiende con acciones oportunas. A un año de presentarse la denuncia vinculada al CICITEM, la total ausencia de definiciones procesales abre una grieta peligrosa en la credibilidad pública. No se trata de presionar ni de anticipar juicios, sino de exigir que el sistema persecutor demuestre la celeridad y rigurosidad que una democracia moderna le exige."
•Ha transcurrido ya un año desde que el Gobernador Regional presentó la denuncia por presuntos delitos vinculados al CICITEM y, hasta la fecha, la causa continúa desformalizada. En términos simples, ello implica que aún no existen personas formalmente imputadas ni medidas cautelares vigentes, situación que legítimamente genera inquietud y preocupación en la ciudadanía.
•Como Consejero Regional, pero también como ciudadano, considero razonable esperar que investigaciones de esta naturaleza —que involucran recursos públicos, principios de probidad administrativa y la confianza en las instituciones regionales— avancen dentro de plazos prudentes, con diligencias visibles y señales concretas de progreso investigativo. Las demoras excesivas terminan afectando no solo la percepción pública sobre la eficacia del sistema, sino también la estabilidad y credibilidad institucional de la propia región.
•Aquí no se trata de emitir juicios anticipados ni de interferir en la autonomía de los órganos persecutores. Se trata, más bien, de algo básico en una democracia moderna: exigir que las instituciones funcionen con celeridad, transparencia y rigurosidad, especialmente cuando están comprometidos recursos fiscales y el interés público regional.
•La ciudadanía tiene derecho a conocer si existen responsabilidades, si las denuncias cuentan con sustento suficiente o si, por el contrario, corresponde descartar eventuales ilícitos. Pero esa claridad solo puede alcanzarse mediante investigaciones oportunas y técnicamente sólidas. Mantener durante largos períodos una causa sin definiciones concretas solo prolonga la incertidumbre y debilita la confianza pública.
•Cuando están en juego recursos públicos y la fe institucional, la respuesta del Estado no puede ser indiferente ni indefinida. Debe ser proporcional a la gravedad de los hechos denunciados, pero también oportuna, transparente y capaz de entregar certezas a la comunidad.