El parlamentario por la Región de Antofagasta exigió respuestas urgentes al MINVU y al SEREMI de Vivienda ante los eternos retrasos del Proyecto Habitacional Altos Licancabur. Además, anunció que evalúa acciones penales contra la cuestionada constructora.
El sueño de la casa propia se ha transformado en una auténtica pesadilla para cientos de familias en el sector de La Chimba, en Antofagasta. Ante esta crítica situación, el diputado Jaime Araya ha iniciado una dura ofensiva fiscalizadora contra la Constructora PACAL S.A., empresa responsable del Proyecto Habitacional Altos Licancabur, el cual acumula años de retrasos y promesas incumplidas.
A través de un oficio oficial dirigido al SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Jorge Olivares, el legislador exigió transparencia absoluta y un estado de avance real sobre una obra que mantiene en vilo a la comunidad. “Las familias llevan largos años esperando una respuesta, lo que apareja diversas situaciones críticas que han debido soportar. Otra vez la Empresa PACAL les falló a las familias y vamos a exigir responsabilidades”, fustigó Araya con dureza.
Los "nudos ciegos" que frenan la entrega
El conflicto en Altos Licancabur no es un hecho aislado. El proyecto —que comparte terreno en La Chimba con los condominios Parinacota y Alto del Sol— ha sufrido sucesivas prórrogas desde finales de 2024 debido a los severos problemas de liquidez que la constructora PACAL arrastra a nivel nacional.
Para poner fin a las excusas, el diputado Araya solicitó formalmente que se fiscalicen y aclaren los siguientes puntos críticos:
Avance físico real: El porcentaje actualizado de término de las obras.
Conexión eléctrica: El estado de la tramitación definitiva ante la Compañía General de Electricidad (CGE), uno de los principales frenos del proyecto.
Detalle de observaciones: Transparentar qué observaciones técnicas han sido subsanadas y cuáles siguen pendientes.
“Los vecinos y vecinas del Proyecto Licancabur siguen esperando soluciones mientras PACAL y su empresa subcontratista continúan acumulando retrasos y excusas. Hoy las familias no tienen certezas ni fechas claras”. indicó el parlamentario.
Familias en alerta y al límite de la paciencia
La molestia e incertidumbre entre los futuros propietarios es total. Silvia Guerrero, representante de los comités de vivienda afectados, no ocultó el cansancio de la comunidad ante la falta de respuestas concretas: “Hay molestia porque no dan soluciones, fechas, nada. Hay que llegar hasta las finales”. Asimismo, la dirigenta no descartó retomar las movilizaciones ciudadanas, tal como ya lo hicieron durante el año 2025.
Ante el evidente abandono y el daño emocional y económico causado a los trabajadores y sus familias, el diputado Jaime Araya advirtió que la fiscalización no se quedará solo en la vía administrativa. El parlamentario confirmó que ya se encuentran evaluando acciones legales, incluso de carácter penal, para buscar una salida definitiva a este conflicto y hacer que la empresa responda ante la justicia.
