La Compañía General de Electricidad (CGE) emitió un alarmante balance sobre la seguridad de sus instalaciones al cierre del año 2025. Según los datos oficiales, se registró la sustracción de 420.922 metros de conductor eléctrico (cobre), lo que equivale a la distancia lineal entre Santiago y Chillán, marcando un hito histórico en la actividad delictiva que golpea al sector energético del país.
Durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025, se contabilizaron 1.426 episodios de robo, una cifra que duplica los 774 eventos registrados en 2024. Este incremento exponencial no solo representa una pérdida material, sino un ataque directo a la calidad de vida de 265.487 familias, quienes sufrieron interrupciones prolongadas del servicio debido a la destrucción de postes, transformadores y redes de transmisión.
Radiografía de un delito al alza.
El impacto económico para la distribuidora alcanzó los $5.570 millones de pesos, destinados exclusivamente a la reposición de infraestructura dañada. Víctor Balbontín, director de Operaciones de CGE, destacó que el comportamiento de las bandas criminales ha evolucionado hacia niveles de violencia y organización sin precedentes.
"Lamentablemente, el 2025 marcamos un nuevo récord. Los delitos se han vuelto más violentos; bandas organizadas con camiones y armamento pesado atacan puntos de manera recurrente, lo que hace extremadamente riesgoso que nuestras brigadas puedan hacerles frente de manera directa", señaló Balbontín.
Regiones más afectadas
El fenómeno se extiende desde Arica hasta La Araucanía, pero el impacto se concentró con especial fuerza en la zona centro-norte y sur:
En junio de 2025, un operativo de la PDI en la Región Metropolitana logró incautar siete toneladas de cobre, confirmando la existencia de una red de receptación (reducidores) que sustenta este mercado ilegal.
Un llamado a la acción estatal
Desde CGE enfatizan que, si bien la empresa participa en mesas de seguridad y realiza las denuncias correspondientes, la solución requiere de un esfuerzo estatal coordinado para endurecer las penas y desarticular las bandas. El objetivo no es solo capturar a quienes cortan el cable, sino atacar la cadena logística de comercialización del metal.
La reposición de estos suministros implica trabajos complejos que pueden extenderse por horas, dejando a comunidades enteras vulnerables. CGE reitera su compromiso con la continuidad del servicio, pero advierte que la escala actual de los robos pone en jaque la estabilidad del sistema en las zonas de concesión.
